Liberan bajo fianza al dirigente social Efraín Rey Fuentes López

Por Jorge Nava

Entre las 14:00 y 15:00 horas de este jueves, agentes de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Acapulco, arrestaron al profesor de educación física Efraín Rey Fuentes López, quien es dirigente de la Coordinadora Nacional de Comités Ciudadanos, organización social que a su vez está aglutinada al Frente de Organizaciones Sociales.

El arresto en acatamiento a una orden de aprehensión procedente del expediente penal 425-2020, por una supuesta interrupción a las vías de comunicación ocurrida en 2018 en la caseta de cobro de la Autopista del Sol del poblado La Venta, en el contexto de la exigencia de justicia por las desapariciones de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Fuentes López fue detenido entre las calles Ricardo Flores Magón y Chihuahua de la colonia Progreso, en el momento que había salido de su domicilio ubicado en esa misma zona, a comprar comida. Según sus propias declaraciones a Costa Brava, los agentes sí respetaron sus derechos humanos.

Pasadas las 22:00 horas, Fuentes López, quien se desempeña como supervisor de Educación Física en Acapulco, actividad de la que dependen su esposa y sus hijos, logró su libertad al representarse el proceso ante un juez federal del cual no pudo precisar su nombre, solo que el juicio se celebró en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, el cual se encuentra en el bulevar de Las Naciones número 640, Granja 39, fracción A, del Fraccionamiento Granjas del Marqués.

Vía telefónica, dijo que, en la audiencia, el agente del Ministerio Público (MP), así como un representante legal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), buscaban que se le detuviera y se le remitiera al reclusorio.

Fue, abundó, gracias a la participación de un equipo jurídico encabezado por su abogado Miguel Chávez y a las organizaciones sociales, así como el que el juez entendiera que no había razones justificadas para atender la solicitud del MP ni del representante legal de la Capufe, que se le concedió la libertad bajo fianza por un monto que se reservó a dar a conocer.

Indicó que eljuez señaló que no había elementos probatorios, ni ninguna posibilidad de que él huya del puerto de Acapulco.

Dijo que su domicilio está en Acapulco, donde su forma de vivir y su sustento personal, de su esposa e hijos, están en el puerto trabajo, “no tengo a dónde ir”, afirmó.

Explicó que a partir de ahora cada mes acudirá al juzgado a firmar, mientras el juicio lo enfrentará en libertad condicional, además de que acudirá a las citas que fije el juez.

El dirigente social detalló que después de su detención, los agentes lo trasladaron a los separos de la FGR, sitio que se localiza en la calle Mar Mediterráneo 181, en Las Anclas, donde lo tuvieron encerrado, pero gracias a la presión de diferentes organizaciones sociales que acudieron al lugar y se manifestaron, fue que se representó el proceso ante el juez para que se llevara a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal.

Respecto a qué lectura le da a su arresto, afirmó que lo ve como una embestida por parte del Gobierno Federal, toda vez que fue imputando por un acto que sucedió en 2018, y que hasta ahora se está liberando órdenes de aprehensión en un momento en el que las organizaciones sociales del estado de Guerrero han avanzado en el proceso de unificación para mejorar la vida de las personas.

A pregunta de si intervino el Gobierno del Estado en su libertad, sostuvo que más bien fue por dos ámbitos: el jurídico-legal a cargo del cuerpo de abogados y el ámbito político.

Lo que viene, de acuerdo con el profesor de educación física es un proceso organizativo a efecto de que como organizaciones sociales estarán atentos, viendo qué estrategia seguirán ante que se buscan infundirles miedo y de atemorizarlos con encarcelarlos a través de procesos legales, llevados a cabo por el Estado, en este caso el Gobierno Federal.

Aclaró que, sin el conocimiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino “lamentablemente mandos medios que vienen de administraciones pasadas”.

No dudo, aceptó, que sea una estrategia para afectar al presidente y abonar a la rebatinga entorno a su política gubernamental en el País.

“Es lamentable que tengamos autoridades judiciales y dentro del Gobierno del Estado y Federal que estén muy atentas en liberar órdenes de aprehensión y encarcelar a luchadores sociales, cuando se vive un ambiente de inseguridad en el municipio de Acapulco y en el estado de Guerrero de manera general”, anotó.

Cuestionó que se liberara la orden de su detención cuando se vive un clima de inseguridad y de violencia tanto en Acapulco como en Guerrero.

Exigen un cambio de régimen y una mayor atención a las necesidades del pueblo

También vía telefónica, el profesor Marco Antonio Adame Bello e integrante del Frente Guerrerense Magisterial y Popular, que aglutina a profesores de educación básica, contextualizó que el Frente de Organizaciones Sociales está conformado por miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP), el Frente Magisterial y Popular, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, así como estudiantes y padres de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Con este arresto, Adame Bello dijo que presumen que otros de sus compañeros también sean detenidos por la misma carpeta en el caso de Fuentes López.

Reveló que por la detención hubo comunicación con el Gobierno del Estado, quien coadyuvó para que fuera puesto en libertad bajo las reservas de ley, así como asesoría del abogado Vidulfo Rosales de Tlachinollan, más el abogado de la familia.

Aceptó que la libertad bajo condición de Fuentes López fue por “arreglo político”, pero también a la presión que ejercieron 70 de sus compañeros del Frente de Organizaciones Sociales.

La lectura que le dio a este encarcelamiento es que lo ven como una forma intimidatoria hacia las organizaciones porque explicó que de las carpetas que se integraron son contra las protestas sociales que se vienen desarrollando en Guerrero.

Rechazó este tipo de política intimidatorias y represivas, pues dijo que las causas de la movilización social no son atribuibles a las organizaciones, como en el caso de las siete horas de la CETEG en su protesta en Acapulco el pasado 17 de febrero, o en Chilpancingo el lunes 14 de este mes, cuando el origen es la desatención a las protestas auténticas.

Explicó que la protesta social tiene como un antecedente que no hay atención, cuando hay un gobierno que contó con el respaldo de varias organizaciones sociales que apoyaron para su triunfo, por lo que, “exigimos que haya un cambio, un cambio de régimen, una mayor atención a las necesidades del pueblo”.

Convocó a las organizaciones sociales a estar más unidades, y reorganizarse.