En la mira otorgamientos de plazas de manera irregular en el Cobach
El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova señaló que la Fiscalía General del Estado de Guerrero podría investigar el otorgamiento irregular de plazas en el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, durante la gestión de Fermín Alvarado Arroyo.
Entrevistado en un noticiero de radio en Acapulco en esta semana, señaló que la auditoría está culminando, venció el plazo de presentación de documentación y precisamente se detectó: “una irregularidad al basificar a 87 personas de manera irregular”.
Abundó que gran parte de las personas basificadas en la pasada administración; “son de nuevo ingreso, parte son personas que quedaron de confianza y parte son personas que ya laboraban ahí”.
“Se basifican sin cumplir la normatividad para basificación, (que) tiene exigencias muy especiales, entre ellas ciertos años de antigüedad”, acotó.
Recordó que derivada de la auditoría fue emitida una recomendación, “en la que básicamente” se indica que, “fueron expedidos 87 nombramientos de base, en contravención a las disposiciones normativas” de la Ley 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.
El pasado martes el secretario ofreció una conferencia en Palacio de Gobierno en la que dio a conocer algunos de los resultados a una auditoría practicada al Colegio de Bachilleres, cuyo déficit financiero asciende unos 900 millones de pesos.
Sanciones
Sobre las sanciones de las que pudieran ser sujetas las personas que fueron beneficiadas de manera irregular con las bases adelantó:
“Anteriormente cuando la sanción o la irregularidad implicaba un monto, muchas veces la Auditoría Superior o la Secretaría de la Función Pública, se solicitaba el reintegro y anteriormente se reintegraba la cantidad y digamos que quedaba solventada. Hoy aún cuando se reintegrara la cantidad, no tenemos calculado el monto, también tenemos que hacer una sanción de carácter administrativo, ¿Por qué? porque lo que busca la sanción administrativa es evitar, prevenir que se vuelva a incurrir en este hecho” subrayó.
Remarcó que “como Secretaría de Contraloría, somos la instancia facultada para sancionar administrativamente, el proceso implica calificar la falta y esta tendría que ser turnada al Tribunal de Justicia Administrativa y si es necesaria de daría parte a la Fiscalía General del Estado”.
En 2020 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño a la hacienda pública en el Colegio de Bachilleres, por el ejercicio de más de 433 millones de pesos.
