«Simulación» la entrada de militares y construcción de cuarteles ante el alza de violencia en Guerrero: activistas
Por José Miguel Sánchez
Ante la perenne violencia en Guerrero, organizaciones de derechos humanos calificaron de «simulación» la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional y la llegada constante de militares.
Además consideran que la violencia continúa y aumenta.
Entrevistada vía telefónica, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, calificó los cuarteles como «elefantes blancos que no abonan a disminuir la violencia».
Durante la sesión extraordinaria de este lunes, el Congreso local aprobó la donación de dos terrenos para cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional en los municipios de Iguala y Pilcaya, respectivamente.
«Para coadyuvar en las tareas de prevención del delito y salvaguarda de la integridad de las y los guerrerenses», se lee en el dictamen aprobado este lunes.
Actualmente, y de acuerdo con datos oficiales de la Guardia Nacional, en Guerrero hay nueve cuarteles, aparte de cinco zonas militares.
Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Cuajinicuilpa, San Marcos, Tepecoacuilco y Chilapa son municipios donde ya hay cuarteles y los policías de la Guardia Nacional operan con ayuda del Ejército.
Pretenden construir otros cinco cuarteles más para la Guardia Nacional, dos en el valle del Ocotito, zona rural de Chilpancingo; uno en Zumpango, cabecera de Eduardo Neri, uno en Pilcaya y otro Iguala, donde los diputados acaban de autorizar los predios.
Hay un acuerdo desde el 2021 entre el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Sedena para la donación de los predios para la construcción de los cuarteles en el valle del Ocotito, pero fue impedida por los grupos de autodefensa que operaban en la zona.
«El gobierno construye los cuarteles pero no se enfoca en erradicar el tema de los desplazados, las desapariciones o detener a personas del crimen», mencionó Rosales Sierra.
Para el cuartel de Zumpango, el predio ya fue donado por la alcaldesa petista, Sara Salinas Bravo; es un solar ubicado en el Cerro del Tepetlayo, el cual, de acuerdo con los ejidatarios, está en litigio porque el Consejo Ejidal de Zumpango quería donarlo para crear un Área Natural Protegida.
«Estando ahí militares y Guardia Nacional hay enfrentamientos, y no vemos que la militarización sea una forma de detener el desplazamiento forzado interno, las desapariciones y los asesinatos”, agregó la activista de derechos humanos.
En el dictamen aprobado el pasado lunes los diputados locales autorizaron a los ayuntamientos de Pilcaya e Iguala donar de un bien inmueble «en favor del gobierno federal, con destino a la Sedena, además de autorizar el cambio de uso de suelo del referido predio para el desarrollo de actividades castrenses», mencionó el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto, secretario de la Mesa Directiva, al leer el dictamen al pleno.
«No creemos que la militarización sea garantía de seguridad, ya vimos que el gobierno no ha hecho nada, en la Sierra siguen los desplazamientos, los enfrentamientos y en las ciudades aún con militares hay asesinatos», insistió Rosales Sierra.
Datos del Centro Morelos indican que en Guerrero, desde 2011 a la fecha, hay 32 mil personas en calidad de desplazados.
La morenista Beatriz Mojica Morga, secretaria de la Comisión de Hacienda, fue quien fundamentó el dictamen para autorizar la cesión de derechos de propiedad del predio rústico ubicado en El Llano de la Concepción, propiedad del Ayuntamiento de Pilcaya, «en favor de la Sedena para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional».
Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad del pleno en una sesión extraordinaria.
En Pilcaya e Iguala el tema de la violencia aumentó en los últimos meses.
En agosto del 2021 civiles armados atacaron a balazos el vehículo en el que viajan la alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara, en dicho enfrentamiento dos policías municipales fueron asesinados.
En Iguala, en las últimas semanas se registraron diversos hechos de violencia en los que fueron asesinados varias personas.
En la ciudad de Iguala, en 2014, elementos de seguridad coludidos con grupos del crimen organizado que operaban en la zona desaparecieron a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La hipótesis principal de los padres de los 43 y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es que fue el Ejército uno de los principales responsables de la desaparición de los estudiantes.
«Hay infiltración, claro, y no sólo es en la policía, es en la Guardia Nacional y en el Ejército, por eso nos preocupa el tema de la militarización», finalizó Rosales Sierra.
