Con acusaciones de que el estado protege a Los Ardillos y a Los Rojos, CIPOG-EZ advierte movilizaciones en Guerrero

Con acusaciones serias al gobierno del estado y autoridades de seguridad en Guerrero, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), exigió la liberación de su compañeros que conforman la CRAC-PC-PF.

En una misiva distribuida a medios de información, afirman que sus “hermanos”, “injustamente detenidos en la comunidad de Buenavista de la Salud, el pasado 18 de febrero, aproximadamente a las 5 de la madrugada, por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal».

Acusan que “entraron a la comunidad de Buenavista de la Salud, en el estado de Guerrero, causando destrozos en varias casas y temor entre la población”, para detener a sus compañeros José Antonio Maldonado Cisca, actual coordinador del Sistema Comunitario de Buenavista de la Salud; a José Maldonado Gómez, segundo comandante del Sistema Comunitario; y a los policías comunitarios José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, Ignacio Ávila Miranda y Guadalupe Echeverría Parral.

“Fueron detenidos injustamente, argumentando portación de armas exclusivas del Ejército y fueron trasladados al Centro Regional de Readaptación Social en Chilpancingo”, recuerdan.

Agregan que por la madrugada del domingo 26 de febrero, después de varias entrevistas a los delegados, comisarios y promotores de las comunidades que conformamos la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores y al CIPOG-EZ, se acreditó que los compañeros de Buenavista se integraron al Sistema de Justicia Comunitaria de la 

CRAC-PC-PF el pasado 16 de enero de 2023, para brindar seguridad a su comunidad, por lo que se dejó en libertad a José Luis Barrera Sandoval, Víctor Jaime Bautista Morales, Miguel de Jesús Jiménez, José Antonio Maldonado Cisca, sin embargo, el Estado decidió mantener presos a José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda, Guadalupe Echeverría Parral, acusándolos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

“Es preocupante que los sistemas comunitarios que fueron creados para proteger la vida y la integridad física de las personas de nuestras comunidades, seamos perseguidos, sometidos y víctimas de la fabricación de delitos por parte de quien debería brindar protección. El trato que dan a nuestros hermanos tal como si fueran delincuentes es preocupante, pues los delincuentes son Los Ardillos, Los Rojos, así como las corporaciones del Estado vinculadas a ellos, pero éstos se mueven libremente, asesinan, secuestran, torturan, con total libertad e impunidad”, acusan.

Afirman que los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad, en sus distintos ámbitos y a través de sus dependencias e instituciones, de garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.

Lamentan el actuar de las autoridades, “no hacen nada por garantizar los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, defensores del territorio, medio ambiente; más aún los tres niveles de gobierno son cómplices de los delincuentes conocidos como Los Ardillos y Los Rojos, custodiando y protegiendo al crimen organizado. La mal llamada Cuarta Transformación (4T), no es más que una simulación de cobijo a los pueblos indígenas”.

Informan que las comunidades afectadas por la violencia, son los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, “no somos las únicas comunidades violentadas, no obstante los ataques sufridos responden a un patrón de agresión, a causa de que hemos decidido organizarnos para garantizar nuestra seguridad interna, puesto que el Estado Mexicano no ha proporcionado y garantizado la seguridad”.

Agregan que decidieron por asamblea seguir movilizándose, tomar las carreteras y desplegar acciones coordinadas para exigir la libertad de José Maldonado Gómez, Ignacio Ávila Miranda, Guadalupe Echeverría Parral, hasta su inmediata liberación, así como sus exigencias que ni el gobierno estatal ni federal, mucho menos municipal, han cumplido. “Desde la Montaña Baja, Montaña Alta y Montaña Costa Chica, responderemos a la violencia de los grupos delincuenciales, pero también a la ineptitud y colusión de las instituciones del Estado con los grupos narco-paramilitares”, afirman.